Las
últimas medidas adoptadas por la Junta contra la Educación Pública en
Extremadura, ponen de manifiesto el profundo desprecio que desde la
administración se siente hacia el proceso formativo y la nula confianza en el
peso efectivo que este pueda tener en el bienestar de sus ciudadanos, así como
el impacto económico y social en el conjunto de la comunidad que gobiernan.
Cuando
Fernández Vara anunció hace unos días su atropello, señaló sibilinamente hacia
el colectivo que de forma previsible iba a contestar sus medidas, el docente,
apelando a su solidaridad habida cuenta de los supuestos privilegios de los que
goza el sector, con lo que de forma implícita y miserable, irresponsable
incluso, recurría al tópico popular que nos tacha de vagos, y vagos efectivamente
nos llamó su compañero de partido, el ínclito Garía-Page el mismo día en que se
oficializó la suspensión de la actividad docente presencial, cuando nos acusó
que querer tomarnos quince días de vacaciones en vísperas de la declaración del
Estado de Alarma. Pero no es este, en mi opinión, lo más grave de las medidas
propuestas por nuestro Presidente, lo grave, lo verdaderamente grave es la
total faltad de confianza en el sistema educativo como principal motor de
prosperidad y bienestar de una Comunidad Autónoma que lleva décadas proveyendo
de mano de obra y talento a otras por la falta de oportunidades laborales, algo
que, si bien no es responsabilidad directa de nuestros gobernantes autonómicos,
si lo es, en cambio, procurar que los extremeños tengan al menos la oportunidad
de ganarse dignamente la vida en Madrid o en Bilbao, y para eso es preciso, es
imprescindible un sistema educativo que compita en igualdad de oportunidades
con el de las otras las 16 comunidades. Porque aunque el taimado Vara disparó,
y no precisamente con salvas, al colectivo de profesionales docentes, los
verdaderamente afectados por sus medidas son, serán los estudiantes, son
nuestros alumnos y alumnas, hijas e hijos, es el futuro inmediato de nuestra
comunidad, más allá del hecho evidente de que aumentar las ratios en
plena pandemia y con la amenaza de un rebrote más que probable el próximo mes
de octubre, resulte negligente, una vulneración casi criminal de la seguridad
del alumnado.
El
señor Fernández Vara apela a la solidaridad de los docentes en tiempos de
crisis, pero se le olvidó apelar a la solidaridad de los padres cuyos hijos e
hijas verán seriamente menoscabada la formación que recibirán los próximos
cursos cuando se encuentren hacinados con otros 34 compañeros, cuando su profesora
o maestro no pueda dedicarle el tiempo que merece y que la ley prescribe,
cuando no escuche la explicación debido a la algarabía de sus compañeros más
díscolos o su profesor o maestra tenga que perder media sesión diaria en
realizar tareas policiales. Para crear un ambiente de trabajo adecuado y
cumplir con los objetivos que la Ley establece, como ofrecer una formación de
calidad e individualizada —Por cierto, ¿no
es dotar deliberadamente de recursos insuficientes para alcanzar los objetivos
fijados por un texto legislativo un acto de prevaricación? ¿No es, en último
término, un atentado contra el artículo 27 de la Constitución Española?—, un grupo de Primaria o Secundaria no debería exceder de
los 20 alumnos. Sin embargo, tampoco debemos ignorar el hecho de que gradualmente la
escuela va cumpliendo una función cada vez más propia de un servicio de guardería que la de
un centro educativo propiamente dicho, es decir, la prioridad parece ser disponer de un espacio de
recogimiento para los niños y adolescentes donde, de paso, algo aprendan, pero lo esencial es
permitir la conciliación familiar no la procura de una formación, de modo que
tanto da si están 20 ó 40 en un aula, mientras estén en un aula.
Pero
volviendo al asunto, no se nos debe pasar por alto el hecho de que somos la
Comunidad Autónoma con un nivel menor de renta, y sabemos bien que las
desigualdades socio-económicas tienen una clara incidencia en el bajo
rendimiento académico y en el alto índice de abandono escolar. Este hecho
debería propiciar un esfuerzo extra en inversión por parte de la administración
para suplir la carencias estructurales de nuestra región, dotando con más
recursos y medios a la formación. Sin embargo, estamos a su vez en una de las
Comunidades donde la partida presupuestaria destinada a educación es menor.
De
modo que no, señor Excelentísimo Presidente Fernández Vara, no insulte nuestra
inteligencia pretendiendo desviar la atención hacia lo accesorio, no son los 20
euros, tampoco es esa hora adicional de carga lectiva, no es que esté empujando
a cientos de compañeros a buscar trabajo a otras comunidades, ni siquiera es el
menosprecio que manifiesta en sus declaraciones y acciones hacia la labor
docente y las personas que nos dedicamos a ella, no Presidente, son los alumnos
y alumnas, son los futuros Azarías, esa estirpe maldita e inextinguible de
desheredados, humillados y ofendidos que en su versión 2.0 sufren la
precariedad laboral y el desempleo, son las personas que tienen que hacer cola
en una oficina del SEXPE para que les sellen un cartón o en un banco de
alimentos, son las futuras mujeres y hombres que no necesitarían limosnas
públicas, si ahora se les capacitara debidamente para conseguir sus ingresos
mínimos desde el ejercicio de las facultades que una buena formación procura.
Aunque quizás, después de todo, socavar los cimientos de
la Educación Pública responda a ese plan que llevo tiempo barruntando por parte
de algunos de convertir Extremadura en una gran reserva de la biosfera para
disfrute y solaz de madrileños o ingleses o alemanes, «el último reducto
antropológico de Europa», según Sloterdijk, menudo honor, vengan y admiren
nuestras maravillas naturales y conjuntos urbanísticos romanos y medievales,
mientras nuestras hijas e hijos, con una sonrisa agradecida, servirán sus mesas
y harán sus camas o quizás pasarán una gorra para recolectar unas monedas con
las que pagar un billete de tren que les lleve lejos, muy lejos, si es que el
tren consigue llegar a algún destino más allá de la dehesa.
